El 13 de abril el Senado uruguayo le dio media sanción a un proyecto de ley que incorpora excepciones al derecho de autor para mejorar el acceso a la cultura y a la educación. El proyecto tiende a la socialización del conocimiento, descriminalizando una serie de prácticas cotidianas relacionadas con copiar y compartir cultura en bibliotecas, en centros educativos y a través de Internet. Su detonante fue una serie de allanamientos a fotocopiadoras en octubre de 2013, que puso en crisis el acceso de los estudiantes universitarios a los materiales de estudio.

Sin embargo, después de la aprobación en el Senado, hubo fuertes presiones contra el proyecto de ley de parte de la Cámara del Libro, de la Asociación General de Autores del Uruguay (entidad recaudadora de derechos de propiedad intelectual) y de los principales medios de prensa de derecha. Esta presión de las corporaciones terminó llevando a la Federación de Estudiantes Universitarios a acordar con ellas un texto vaciado en buena medida de contenido, que no sólo elimina algunos de los principales puntos de la norma, como el que quita de la órbita penal las copias hechas sin fines de lucro y sin intención de dañar al autor, sino que también retrocede en relación a muchos de los artículos que el Senado aprobó por unanimidad y sin polémicas.

En los últimos días, un grupo de 9 organizaciones sociales presentó un documento en el Parlamento, apoyando el proyecto aprobado en el Senado y defendiendo sus principales puntos. El documento afirma que es de “vital importancia que se aprueben, sin recortes ni restricciones, las excepciones al derecho de autor aprobadas por unanimidad en el Senado en favor de la educación y de las bibliotecas.” Señala que “la ley vigente criminaliza las prácticas más comunes de acceso a la cultura y al conocimiento, como lo es bajar información de Internet. La inmensa mayoría de la población uruguaya infringe esta ley a diario, exponiéndose a sanciones penales que pueden derivar en multas o prisión equivalente, así como en la generación de antecedentes penales.” Advierte que “las personas más expuestas a ser criminalizadas, como siempre, son los sectores de menores recursos, así como los y las jóvenes, quienes tienen menos posibilidades económicas de comprar productos culturales y, por esa razón, adoptan con frecuencia estrategias informales de acceso a la información y a la cultura.”

Ahora queda por delante el trabajo de los diputados en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. Se espera que la ley obtenga su aprobación definitiva en julio. Desde el campo social existe la expectativa de que el texto definitivo de la ley mantenga el espíritu y la letra de lo aprobado en abril por el Senado, para que no se deje pasar la oportunidad de obtener una ley verdaderamente útil en cuanto a la democratización del conocimiento.

Texto original: Jorge Gemeto- CCuy